Criterio 1 de 1 de la resolución: 08/02536/2016/00/00
Calificación: No vinculante
Unidad resolutoria: TEAR de Cataluña
Fecha de la resolución: 22/08/2019
Asunto:

IRPF. Rendimientos de capital inmobiliario. Reducción 60%. Contratos de plazo inferior a 12 meses. Contrato de temporada. El contribuyente celebra dos contratos consecutivos de once meses con el mismo arrendatario. Procedencia de la deducibilidad de determinados gastos del capital inmobiliario y aplicación de reducciones sobre el rendimiento neto.

Criterio:

Si bien desde un punto de vista legal (Ley de Arrendamientos Urbanos) se trata de un arrendamiento para uso distinto de vivienda (temporada), la Ley 35/2006 del IRPF atiende al destino de la vivienda. Resultando acreditado que la vivienda ha sido la morada del arrendatario por un período continuado de 22 meses, es decir, no satisface una necesidad temporal sino permanente (vivienda habitual), se considera aplicable la reducción del 60%.

Referencias normativas:
  • Ley 35/2006 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF
    • 23.2
  • Ley 29/1994 Arrendamientos Urbanos
    • 2.1
    • 3
Conceptos:
  • Actividades de temporada
  • Arrendamiento/alquiler
  • Finalidad
  • Gastos
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF
  • Reducciones
  • Vivienda habitual
Texto de la resolución:

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña

Órgano Resolutorio Unipersonal

FECHA: 22 de agosto de 2019

 

PROCEDIMIENTO: 08-02536-2016

CONCEPTO: IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS. IRPF

NATURALEZA: RECLAMACION UNICA INSTANCIA ABREVIADO

RECLAMANTE: Axy... - NIF ...

DOMICILIO: ... - España

 

En Barcelona , se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver en única instancia la reclamación de referencia, tramitada por procedimiento abreviado.

 

Se ha visto la presente reclamación contra el acuerdo de liquidación provisional  de la Oficina de Gestión Tributaria de la Administración de Vilanova i La Geltrú de la AEAT, por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF), ejercicio 2014.

 

Cuantía: 1.760,50 euros.

Liquidación: A08...

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.-  El interesado presentó el día 11/06/2015 autoliquidación relativa al IRPF referida al ejercicio 2014, con un importe a ingresar de 788,40 euros.

 

SEGUNDO.-

  El día 08/09/2015 se notifica un requerimiento en el que se solicita al reclamante que aportara determinada documentación. Dicha notificación inicia un procedimiento de Comprobación Limitada.

En el  requerimiento se solicitó el contrato de arrendamiento, recibo del IBI, justificación documental de los gastos y cuadro resumen donde constara los periodos en los que los inmuebles habían estado arrendados.

 

TERCERO.-

 Tras la contestación al requerimiento se extiende propuesta de liquidación, notificada el 2/10/2015, de la que resulta una cuota a pagar, excluidos los intereses de demora, de 2.162,06 euros. Cuota que es el resultado de la diferencia entre la cuota inicialmente declarada y la cuota derivada de la propuesta de liquidación provisional.

 

CUARTO.-

 El día 19/10/2015 el interesado formula alegaciones contra la citada propuesta, alegando, en síntesis, lo siguiente:

 

La propuesta de liquidación provisional elimina la reducción del 60% por arrendamiento de vivienda, por considerar que los contratos aportados son contratos de temporada y en consecuencia dichos arrendamientos no tienen como finalidad satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario. Sin embargo, en los contratos aportados, no consta que los mismos sean de temporada, aunque su plazo de duración es de 11 meses. No se fija en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ningún plazo mínimo para tener consideración de arrendamiento de vivienda habitual con finalidad de satisfacer la  necesidad permanente de vivienda. Se aporta en prueba el certificado de empadronamiento de los inquilinos.

 

La Agencia Tributaria ha recalculado la renta del local situado en ..., aplicando por su cuenta la cláusula de actualización del IPC. Dicha renta recalculada por importe de 7.739,75 euros no se corresponde con la realmente cobrada que fue de 6.258 euros. El artículo 18.3 de la LAU establece que para la exigencia de la actualización del IPC, es necesario que el arrendador notifique a la arrendataria dicha actualización y solamente es exigible a partir de la fecha de la notificación. En el mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 11/11/2008, nº 65/2008, que también señala que no puede reclamarse retroactivamente. Si el contribuyente no tiene legalmente la posibilidad de cobrar dichas actualizaciones, es del todo incongruente, que la Agencia Tributaria las aplique.

 

Con la misma argumentación mantenida en el apartado precedente, el arrendador puede descontarse como gastos el arrendamiento del IBI y la Tasa de Recogida de Basuras, puesto que aunque el contrato le permitía la reclamación de estos gastos al arrendatario, lo cierto es que no los ha repercutido y no tiene derecho a repercutirlos retroactivamente, habiendo perdido su derecho. En cambio, es cierto que el arrendador ha satisfecho estos gastos y que los mismos están directamente relacionados con la obtención de rendimientos del capital inmobiliario, por lo que procede su deducción.

 

QUINTO.-

   El día 15/02/2016 se notifica el acuerdo de liquidación provisional, que estima parcialmente las alegaciones, con una cuota a pagar de 1.716,84 euros, que es la diferencia entre la cuota derivada de la liquidación provisional y la cuota declarada.

 

SEXTO.-

 El día 07/03/2016  tuvo entrada en este Tribunal la presente reclamación, interpuesta en  24/02/2016 contra la referida liquidación provisional, formulando el reclamante, en síntesis,  las siguientes alegaciones:

En relación a la no aplicación de la reducción del 60% del rendimiento del capital inmobiliario, se reiteran las alegaciones a la propuesta de liquidación y añade que las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo han establecido que la calificación de arrendamiento de temporada no deriva del plazo concertado sino de la finalidad de la ocupación, ajena a la ocupación como residencia habitual del arrendatario, siendo ocasional y esporádica. El requisito de la temporalidad no está relacionado con el el plazo acordado sino con la causa y finalidad de la ocupación que viene determinada por la transitoriedad. Cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1999 y la Sentencia de 14 de febrero de 2007 de la Audiencia Provincial de Girona.

 

Respecto a los gastos deducibles, no está conforme con aplicar solamente ocho doceavas partes de la prima del seguro del edificio alquilado, porque la prima comprende desde abril de 2014 a abril de 2015 y en 2014 se pagó la prima, que esta concertada por periodos anuales, por lo que a dicho ejercicio debe aplicarse la totalidad del gasto. Respecto al IBI y Tasa de Recogida de Basuras se reitera lo manifestado en las alegaciones a la propuesta de liquidación.

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.-

 Este Tribunal es competente, actuando como órgano unipersonal, para resolver de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT.

 

SEGUNDO.-

 Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente:

La procedencia de la deducibilidad de determinados gastos del capital inmobiliario y la aplicación de reducciones sobre el rendimiento neto.

 

TERCERO.-

 La cuestiones objeto de controversia se regulan en el artículo 23 de la Ley 35/2006, del IRPF. Dicho artículo establece:

 

Artículo 23. Gastos deducibles y reducciones.

1. Para la determinación del rendimiento neto, se deducirán de los rendimientos íntegros los gastos siguientes:

a) Todos los gastos necesarios para la obtención de los rendimientos. Se considerarán gastos necesarios para la obtención de los rendimientos, entre otros, los siguientes:

1.º Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso y disfrute del que procedan los rendimientos, y demás gastos de financiación, así como los gastos de reparación y conservación del inmueble. El importe total a deducir por estos gastos no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos. El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes de acuerdo con lo señalado en este número 1.º

2.º Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales, cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los rendimientos computados o sobre el bien o derecho productor de aquéllos y no tengan carácter sancionador.

3.º Los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

4.º Las cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales.

b) Las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con éste, siempre que respondan a su depreciación efectiva, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Tratándose de inmuebles, se entiende que la amortización cumple el requisito de efectividad si no excede del resultado de aplicar el 3 por ciento sobre el mayor de los siguientes valores: el coste de adquisición satisfecho o el valor catastral, sin incluir el valor del suelo.

En el supuesto de rendimientos derivados de la titularidad de un derecho o facultad de uso o disfrute, será igualmente deducible en concepto de depreciación, con el límite de los rendimientos íntegros, la parte proporcional del valor de adquisición satisfecho, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

2. 1.º En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá en un 60 por ciento. Tratándose de rendimientos netos positivos, la reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente.

2.º Dicha reducción será del 100 por ciento, cuando el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 30 años y unos rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas en el período impositivo superiores al indicador público de renta de efectos múltiples.

El arrendatario deberá comunicar anualmente al arrendador, en la forma que reglamentariamente se determine, el cumplimiento de estos requisitos.

Cuando existan varios arrendatarios de una misma vivienda, esta reducción se aplicará sobre la parte del rendimiento neto que proporcionalmente corresponda a los arrendatarios que cumplan los requisitos previstos en este número 2.º

3. Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como los que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 40 por ciento.

El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

 

CUARTO.-

 En primer lugar procede determinar la deducibilidad de determinados gastos relacionados con los inmuebles arrendados. Se estiman las alegaciones del reclamante respecto a la deducibilidad de los gastos no repercutidos al arrendatario por el IBI y la Tasa de Recogida de Basuras. Estos gastos son necesarios para la obtención de ingresos y son deducibles, con independencia de que debieron haber sido objeto de repercusión al arrendatario conforme al contrato de arrendamiento.

 

QUINTO.-

 En cuanto a la prima de seguro, no se considera acertado el prorrateo efectuado por la la Oficina Gestora. Así conforme al artículo 14 de la Ley 35/2006, del I.R.P.F., el criterio de imputación temporal de los ingresos y gastos del capital inmobiliario no es el devengo, sino la fecha de la exigibilidad. Por lo que resulta deducible toda la prima pagada en 2014, conforme a lo regulado en el artículo señalado:

"Artículo 14. Imputación temporal.

1. Regla general.

Los ingresos y gastos que determinan la renta a incluir en la base del impuesto se imputarán al período impositivo que corresponda, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor.

(....)"

 

SEXTO.-

 Respecto a la reducción del 60% del rendimiento íntegro del capital inmobiliario, la controversia se plantea en cuanto a la calificación del contrato de arrendamiento, de temporada o no. En este sentido es de recordar que el Tribunal Económico-Administrativo Central, en resolución de fecha 8 de marzo de 2018 (RG. 00/05663/2017), ha establecido que la reducción prevista en el artículo 23.2 de la LIRPF, es aplicable únicamente a los arrendamientos que la Ley de Arrendamientos Urbanos califica como de vivienda en su artículo 2 y no a los arrendamientos por temporada de su artículo 3.2 (En el mismo sentido  se han pronunciado las sentencias del TSJ de Andalucía de 15 de febrero de 2016 (Rec. nº 1253/2010) y del TSJ de Baleares de 20 de octubre de 2010 (Rec. nº 498/2007)).

Los artículos 2 y 3.2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos establecen lo siguiente:

 

Artículo 2. Arrendamiento de vivienda.

1. Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

2. Las normas reguladoras del arrendamiento de vivienda se aplicarán también al mobiliario, los trasteros, las plazas de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo arrendador.

Artículo 3. Arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

1. Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior.

2. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren.

 

En esencia la diferencia entre al arrendamiento de vivienda y el arrendamiento para uso distinto de vivienda, en particular, de temporada, es que el primer tiene por finalidad satisfacer la necesidad permanente de residencia de quien la va a ocupar, mientras que el segundo satisface una necesidad temporal de quien la ocupa (un curso lectivo, vacacional o cualquier otra).

 

En el presente supuesto, de la documentación obrante en el expediente se desprende que el contribuyente celebra cuatro contratos referidos a dos viviendas. El primero de ellos abarca dos períodos de 11 meses, de 1 de septiembre de 2013 a 30 de julio de 2014 y de 1 de agosto de 2014 a 30 de junio de 2015. En ambos contratos consta como arrendatario la misma persona. El segundo abarca también dos períodos, de 1 de diciembre de 2013 a 30 de octubre de 2014 y de 1 de noviembre de 2014 a 30 de septiembre de 2015. También en ambos casos el arrendatario es el mismo.

 

No cabe duda que, desde una perspectiva legal, esto es, a tenor de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los contratos celebrados por el contribuyente deben calificarse como contratos de arrendamiento "para uso distinto del de vivienda".

 

A efectos de la aplicación de la reducción el artículo 23.2 LIRPF dispone:

 

"2. En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá en un 60 por ciento. Esta reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente".

 

A juicio de este Tribunal, el precepto legal atiende al destino de la vivienda, no existiendo una remisión a la Ley de Arrendamientos Urbanos y por tanto, al concepto de vivienda contenido en dicha norma. Es por ello que, en el presente caso, si bien los contratos se estipulan por once meses (probablemente a fin de evitar la prórroga forzosa que contiene el art. 10 LAU), es lo cierto que los mismos son consecutivos y que, en definitiva, los arrendatarios residen continuadamente en la vivienda 22 meses. En otras palabras, para los arrendatarios la vivienda no satisface una necesidad temporal sino permanente deviniendo vivienda habitual. Es por ello que resulta aplicable la reducción del 60%, procediendo la estimación de sus pretensiones también en este extremo.

 

 

Por lo expuesto

Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda ESTIMAR la presente reclamación, anulando el acto impugnado.

 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas