Criterio 1 de 1 de la resolución: 05842/2011/50/00
Calificación: Doctrina
Unidad resolutoria: Vocalía Cuarta
Fecha de la resolución: 23/10/2017
Asunto:

Incidente de ejecución en caso de resolución de reclamación económico-administrativa cuyo objeto es una actuación entre particulares. No procede dictar acto de ejecución por la Administración tributaria. Inadmisión del incidente.

Criterio:

El presupuesto para la interposición de un incidente de ejecución es la disconformidad del interesado con el nuevo acto dictado por la Administración en ejecución de una resolución económico-administrativa. Cuando el objeto de la resolución es una actuación entre particulares, su contenido es meramente declarativo y su finalidad es disciplinar la relación entre reclamante y reclamado, no existiendo acto alguno a dictar por parte de la Administración tributaria en ejecución de la resolución. En consecuencia, no cabe la interposición de incidente de ejecución.

 

Criterio reiterado en RG 00/00381/2011/50/00 (22-11-2017).

Criterios relacionados, en RG 00/02760/2009 (27-03-2012 ) y RG 00/01918/2009 (15-09-2010) sobre legitimación para aclaración de fallo en el caso de  resoluciones sobre actuaciones entre particulares.

 

 

Referencias normativas:
  • RD 520/2005 Reglamento Revisión en Vía Administrativa
    • 68.1
Conceptos:
  • Actuaciones entre particulares
  • Admisión/inadmisión a trámite
  • Ejecución
  • Inadmisión
  • Incidentes
  • Reclamaciones económico-administrativas: materias y actos reclamables
Texto de la resolución:

 

En la Villa de Madrid, en la fecha indicada, en el incidente de ejecución que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por XZY SL, con NIF ..., actuando en su nombre y representación D. Ax... y XZ SA, representada por D. Rx..., y con domicilio a efectos de notificaciones en ... (Málaga), correspondiente a la resolución dictada el 20 de marzo de 2014 por el Tribunal Económico-Administrativo Central de la reclamación económico-administrativa 5842/11 en relación con la actuación entre particulares relativa a las obligaciones de repercutir y de soportar la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO: En fecha 20 de marzo de 2014  se dicta por el Tribunal Económico-Administrativo Central resolución en única instancia de la reclamación económico-administrativa 5842/11 formulada por la entidad XZY SL en relación con la actuación entre los particulares BANCO W y la entidad reclamante XZY SL consistente en la obligación de soportar y repercutir respectivamente el Impuesto sobre el Valor Añadido por importe de 623.309,91 euros.

 

Las cuestiones planteadas en la citada reclamación son las siguientes:

 

1. Determinar si la operación de adjudicación mediante subasta judicial de 6 de junio de 2011 por la que BANCO W es adjudicataria de un inmueble propiedad de XZY SL está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido o al concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

 

2. Determinar en consecuencia si la entidad XZY SL está obligada a repercutir el IVA sobre la entidad BANCO W y si esta última tiene obligación de soportar la repercusión.

 

En cuanto a la primera cuestión, el Tribunal Central concluye en su resolución que la transmisión de inmueble mediante subasta judicial de fecha 6 de junio de 2011 es una operación realizada en el ámbito de una actividad económica en el que la transmitente tiene la condición de empresario a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. El hecho imponible, por tanto, se encuentra sujeto a IVA, sin que resulte de aplicación el supuesto de exención regulado en el artículo 20.Uno.20.º de la Ley del Impuesto, dado que el inmueble transmitido es un terreno calificado como solar, por tanto, edificable y excluido del ámbito de la exención citada.

 

Por otra parte, la entidad adjudicataria BANCO W admite en sus alegaciones que calificó erróneamente el terreno transmitido como no edificable.

 

Es decir, ambas entidades están de acuerdo en la sujeción y no exención del Impuesto sobre el Valor Añadido de la operación controvertida, estando la entidad XZY SL obligada a repercutir dicho impuesto mediante la correspondiente factura a la entidad BANCO W, que a su vez está obligada a soportar la repercusión.

 

SEGUNDO:

En fecha 21 de mayo de 2015 la entidad XZY SL interpone incidente de ejecución ante el Tribunal Económico-Administrativo Central correspondiente a la resolución dictada por el Tribunal Central de la reclamación 5842/11 descrita en el antecedente de hecho anterior.

 

En el escrito de interposición la entidad manifiesta que BANCO W no ha realizado el pago del IVA repercutido en la factura que se le remitió, por lo que solicita al Tribunal que se adopten las medidas oportunas en orden al cumplimiento del fallo realizando los requerimientos precisos para que BANCO W proceda a abonar la cuota repercutida en la factura emitida y notificada.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO:

Este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocer del incidente de ejecución que se examina, que ha sido interpuesto en tiempo y forma por persona legitimada al efecto, de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, de aplicación a este procedimiento.

 

SEGUNDO:

La regulación del incidente de ejecución se encuentra en el artículo 68 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, que establece:

 

“1. Si el interesado está disconforme con el nuevo acto que se dicte en ejecución de la resolución, podrá presentar un incidente de ejecución que deberá ser resuelto por el tribunal que hubiese dictado la resolución que se ejecuta.

 

2. El tribunal declarará la inadmisibilidad del incidente de ejecución respecto de aquellas cuestiones que se planteen sobre temas ya decididos por la resolución que se ejecuta, sobre temas que hubieran podido ser planteados en la reclamación cuya resolución se ejecuta o cuando concurra alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 239.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

3. El incidente de ejecución se regulará por las normas del procedimiento general o abreviado que fueron aplicables para el recurso o la reclamación inicial, y se suprimirán de oficio todos los trámites que no sean indispensables para resolver la cuestión planteada.

 

4. Los órganos que tengan que ejecutar las resoluciones de los órganos económico-administrativos podrán solicitar al tribunal económico-administrativo una aclaración de la resolución”.

 

Del precepto transcrito resulta que el presupuesto para la interposición de un incidente de ejecución es la disconformidad del interesado con el nuevo acto dictado por la Administración en ejecución de una resolución económico-administrativa con el fin de dar cumplimiento a lo acordado por el Tribunal en dicha resolución.

 

Sin embargo, si el objeto de una resolución económico-administrativa es una actuación entre particulares, no existe acto alguno a dictar por parte de la Administración tributaria en ejecución de la resolución. En este caso, la resolución económico-administrativa tiene un contenido meramente declarativo para disciplinar la relación entre reclamante y reclamado, pero no alcanza a la Administración tributaria de forma directa, de manera que no debe adoptar acto alguno.

En consecuencia, ante la inexistencia de acto administrativo dictado en ejecución de la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central de la reclamación 5842/11, no cabe la interposición de incidente de ejecución en el presente caso, procediendo su inadmisión.

No obstante, consideramos oportuno indicar que el artículo 80 de la Ley 37/1992, que regula la modificación de la base imponible y, en particular, su apartado Cuatro, prevé la posibilidad de reducir la base imponible cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables, precepto al que la entidad en su caso podría acogerse siempre que se cumplan las condiciones en él establecidas.

 

Por lo expuesto,

 

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en Sala, visto el presente incidente de ejecución, ACUERDA inadmitirlo en los términos indicados en el fundamento de derecho segundo.

 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas